"Si esto es ilegal, ¿por qué no nos detienen?". A las doce de la mañana de ayer tuvo lugar una breve manifestación frente a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz (Madrid). Apenas eran una treintena, básicamente los organizadores -la red Hacktivistas- más algún espontáneo, como José -"Para servirle"-, un anciano que se enteró por la radio de la convocatoria. En una mesa, dos ordenadores hacían lo mismo que los de miles de ciudadanos: descargar contenidos gracias al sistema de intercambio de archivos p2p (peer to peer): el disco En Uruguay, un concierto de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés que actualmente no se edita en España, o el libro Una profesión de putas, de David Mamet, que sufre la misma circunstancia.
De esta forma los manifestantes querían demostrar dos cosas: que descargar contenidos sin ánimo de lucro no es ilegal, como sugiere la reciente campaña del Ministerio de Cultura: si eres legal, eres legal, y que hay obras que sólo se pueden conseguir de esta forma, ya que dada su escasa rentabilidad no se editan.
La realidad es que, al margen de estas protestas, el sueño de muchos internautas españoles puede estar llegando a su fin. Los representantes de los operadores de acceso a Internet (ISP) y la industria audiovisual están negociando un modelo de control de las descargas mediante un sistema de avisos y penalizaciones. Con él, se tratará de disuadir a los internautas para que no realicen descargas masivas, aunque sin llegar al corte de la conexión como en Francia con la ley guillotina, impulsada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Los operadores -agrupados en Redtel- y el sector audiovisual -representado por la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos- consideran que la medida más urgente es implantar el sistema de avisos para quienes realicen mayores descargas de contenidos protegidos; estiman que sólo con esta medida la "piratería" se reduciría en un 70%.
No obstante, los avisos irán emparejados a medidas punitivas para los reincidentes, como la reducción progresiva de la velocidad de descarga, una medida técnica que ya se aplica con éxito en los contratos de tarifas planas de datos tanto en telefonía fija como en móvil cuando se sobrepasa un determinado límite de descarga, según informan fuentes de la negociación. Los operadores son partidarios de que estas medidas se apliquen sólo durante un periodo de tiempo limitado, pero la Coalición desea una especie de carné por puntos para los que realicen un uso masivo del p2p.
Los operadores también han ofrecido la implantación de un menú de tarifas planas a la medida de las capacidades de descarga de los internautas, es decir, que paguen más los clientes que más se descargan, mientras que se reduciría el abono para aquellos que hacen un uso limitado de la Red (correo electrónico, navegación por la web, visionado de vídeos y pequeñas descargas). Un 10% de los abonados consume el 70%del tráfico de Internet.
Telefónica ya está estudiando la puesta en marcha comercial de este tipo de tarifas planas a la carta, según reconoció Enrique Medina Malo, director de servicios jurídicos de Telefónica, en unas recientes jornadas a puerta cerrada organizadas por la Asociación de Internautas.
Ese control de las descargas llevará asociado un cambio en el modelo tecnológico. Del actual p2p se pasará al p4p, una nueva tecnología que no selecciona usuarios al azar (como ocurre con el p2p) sino que va seleccionando dentro de la red de operadores de Internet a aquellos más cercanos al cliente, evitando el despilfarro del uso de ancho de banda. El problema es que el p4p permite a los operadores discriminar el ancho de banda a favor de los clientes, es decir, que pueden ofrecer más ancho de banda a los usuarios que les resulten más rentables porque tengan la tarifa más elevada o hagan uso de servicios de pago, poniendo en peligro la "neutralidad de la red".
Sin duda algo malo para los usuarios y internautas.
Vía: El País
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